Ante la legítima preocupación que ha generado en la ciudadanía el recambio de medidores por medidores inteligentes, y cómo esto impacta a sus tarifas, la Ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció una serie de medidas tendientes a abordar un tema heredado, que se implementó y se aplicó en la administración anterior y del cual el gobierno quiere ser parte de la solución.

“El gobierno del Presidente Piñera está comprometido con la modernización y con que estas mejoras, particularmente en la calidad del servicio del suministro eléctrico, le lleguen a toda la ciudadanía, a cada rincón del país. Es por eso que estamos proponiendo una serie de medidas que apuntan precisamente a compatibilizar esa mejora de calidad que requiere el país, que exige el país, porque es un país que todavía tiene estándares elevados de interrupción y, por lo tanto, tenemos que mejorar esa seguridad, esa calidad de suministro, compatibilizarlo con la tarifa, para que sea la más baja posible”, indicó.

El propósito del paquete de medidas es mitigar los efectos que el cambio normativo ha generado en los clientes, para que éstos no se vean perjudicados por el cambio del dispositivo.

La principal medida apunta a explorar que las empresas distribuidoras compren a los propietarios sus actuales medidores, los que quedarán en desuso al momento del cambio, lo que significaría un beneficio directo a los bolsillos para 4,8 millones de consumidores.

La idea es que las empresas, al momento de hacer el cambio de medidor, les presenten a los consumidores alternativas de tarifas para que pueda elegir cuál es la que más le acomoda y de esa forma, cambiando conductas de consumo y mejorando ese perfil de consumo, pueda acceder a bajar la cuenta de electricidad de su hogar.

El Gobierno, a través de la CNE, en el más breve plazo, ampliará el menú de tarifas a los que puede acceder el usuario, de forma que estos pueden reducir su costo de energía. Las reducciones podrían alcanzar, a lo menos, un 5% de la cuenta de electricidad, lo que equivale a unos $1.000 de una cuenta tipo de $20.000 al mes.

Además, se establecerá un protocolo que regulará todo el proceso, desde la notificación anticipada, el consentimiento del usuario respecto a aceptar el recambio, el proceso de instalación y reclamos.

Por su parte, las empresas distribuidoras deberán priorizar el recambio de medidores de quienes así lo soliciten, así como el caso de consumidores que se acojan a la Ley 20.571 de generación distribuida, tan pronto como requieran una nueva conexión.

De igual modo, el Gobierno instruirá a la SEC para que dedique a un equipo especializado que fiscalice la certificación, instalación, mantención y reposición de los nuevos medidores, además de atender las dudas y reclamos que surjan de parte de los usuarios, velando por su pronta y oportuna respuesta por parte de las empresas.

Entre los beneficios de los llamados “medidores inteligentes” figuran: mejoras en la calidad del suministro eléctrico, debido a la identificación temprana de fallas; reposición gratuita del medidor en caso de fallas; mejoras en la calidad comercial al eliminarse errores humanos en la toma de lectura; disminución de costos asociados a personal para la toma del registro de consumo, cuadrillas, etc.; posibilidad de inyectar en el futuro energía al sistema y conocer el gasto en tiempo real, para una mejor gestión de los hábitos de consumo.

Paralelamente, el Ministerio de Energía trabaja en un proyecto de ley que reforma el sector distribución eléctrica para modernizarlo, ampliar la competencia, revisar su eficiencia y asegurar que la tarifas finales sean las más bajas posibles. En esta propuesta se revisarán los elementos para garantizar que la rentabilidad de las empresas distribuidoras se ajusten a la normativa legal.

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